Editorial: «Todo sigue igual, todo sigue igual de bien»

«Todo sigue igual, todo sigue igual de bien», así es como comienza uno de los temas más icónicos de Viejas Locas. Y eso parece pensarse en el oficialismo tras una semana compleja. El juicio político contra el intendente Carlos Saloniti finalmente no prosperó. La decisión del Concejo Deliberante puso punto final a una instancia institucional que durante semanas concentró buena parte de la atención política de San Martín de los Andes.

Pero sería un error interpretar que porque el juicio político no avanzó, todo está bien.

Porque una cosa es la resolución de un proceso político-institucional y otra muy diferente es la evaluación que los vecinos hacen diariamente de una gestión. Y allí aparecen interrogantes que ningún resultado legislativo puede borrar.

Las denuncias que dieron origen al pedido de juicio político podrán tener, sin dudas, componentes políticos. Sería ingenuo desconocer que en una ciudad atravesada por disputas partidarias y por la proximidad de nuevos escenarios electorales, la política también juega sus cartas.

Pero reducir todo a una pelea política sería también una forma demasiado sencilla de evitar el problema de fondo.

Hay un evidente hartazgo vecinal.

Y ese hartazgo no nació con el juicio político.

Está relacionado con calles en muy mal estado, servicios que no siempre responden como deberían, problemas de infraestructura, dificultades económicas, reclamos cotidianos y, fundamentalmente, con la sensación de una parte importante de la comunidad de que el municipio no está dando las respuestas que una ciudad como San Martín de los Andes necesita.

Las pruebas que quedaron en segundo plano

Hay otro aspecto de este episodio que merece una consideración especial.

Durante su exposición ante el Concejo Deliberante, el intendente Carlos Saloniti presentó una extensa documentación destinada a responder y refutar los distintos cuestionamientos planteados en el pedido de juicio político.

Se trató de un trabajo que, necesariamente, demandó horas de preparación por parte del propio jefe comunal y de sus colaboradores, asesores y profesionales que participaron en la elaboración de la defensa.

Sin embargo, lo que resulta llamativo es que esa documentación no parece haber ocupado dentro del debate legislativo el lugar central que cabría esperar frente a la gravedad y cantidad de las acusaciones que se estaban analizando.

Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿para qué se destinan semejantes recursos y horas de trabajo si después la discusión termina reducida a posiciones políticas previamente determinadas?

El punto no es sostener que los concejales debían necesariamente compartir la interpretación del Ejecutivo, sino algo mucho más básico: si existen acusaciones concretas y una defensa sustentada en documentación, corresponde que esa documentación sea analizada, -tal como lo propuso una de las concejales- confrontada y discutida políticamente antes de arribar a una conclusión.

De lo contrario, existe el riesgo de que un proceso que debería servir para esclarecer responsabilidades termine convertido simplemente en una disputa de posiciones políticas.

Y aquí aparece una paradoja difícil de ignorar: el Ejecutivo realizó un importante esfuerzo para demostrar, mediante expedientes, documentos y argumentos, que las acusaciones no tenían sustento suficiente. Pero si esos elementos no fueron sometidos a una discusión detallada y pública, la sociedad tampoco obtiene todas las respuestas que merece.

La cuestión no pasa entonces por determinar quién «ganó» o quién «perdió» el juicio político.

Pasa por saber qué ocurrió realmente, qué decisiones fueron correctas, cuáles pudieron ser equivocadas, qué funcionarios tuvieron responsabilidades y qué controles funcionaron o fallaron.

Esa debería haber sido la discusión de fondo.

Porque tanto la oposición como el oficialismo tienen una responsabilidad institucional: los primeros, demostrar con argumentos y pruebas aquello que denuncian; los segundos, responder cada cuestionamiento con la misma rigurosidad.

Y en el medio está la ciudadanía, que no necesita simplemente una votación que cierre un expediente. Necesita certezas.

Para Saloniti, aparentemente, todo se hizo bien

Quizás uno de los aspectos que más llama la atención después de la sesión es la lectura que hizo el propio intendente.

Según expresó posteriormente, la gestión no hace nada fuera de lugar, más allá de los eventuales «errores» que pudieran haber cometido algunos funcionarios.

Y allí aparece otra cuestión que merece ser discutida.

¿Realmente se puede sostener que una gestión municipal está haciendo todo bien cuando existe semejante nivel de cuestionamiento político y social?

Aceptar que hubo errores de funcionarios puede ser una explicación administrativa. Pero gobernar también implica hacerse cargo de los resultados.

Un intendente no puede ser responsable únicamente de los aciertos y atribuir los desaciertos exclusivamente a quienes lo acompañan.

La responsabilidad política de una gestión es integral.

Y si hubo funcionarios que se equivocaron, la pregunta siguiente debería ser qué controles fallaron, por qué ocurrieron esos errores y qué medidas se tomaron para evitar que vuelvan a suceder.

San Martín necesita mucho más que una pelea política

Mientras la política discute expedientes, acusaciones, defensas y responsabilidades, la ciudad sigue funcionando todos los días.

Y ahí está el verdadero problema.

San Martín de los Andes no necesita más horas perdidas en disputas que terminan profundizando las divisiones. Necesita soluciones. Necesita gestión.

Necesita obras.

Necesita servicios eficientes.

Necesita calles transitables.

Necesita planificación.

Necesita una administración municipal que pueda mostrar resultados concretos.

Y necesita funcionarios que comprendan que ocupar un cargo público no significa simplemente permanecer en él, sino dar respuestas a quienes pagan sus impuestos y sostienen con sus recursos el funcionamiento del Estado municipal.

El problema no es solamente cuánto dinero se gasta. También importa qué resultados produce ese gasto.

Porque detrás de cada funcionario, cada asesoría, cada contratación y cada estructura administrativa hay recursos que salen de los vecinos.

Y cuando los resultados no aparecen, la pregunta sobre la eficiencia del Estado deja de ser política y pasa a ser una preocupación de toda la comunidad.

Queda poco más de un año

El gobierno municipal todavía tiene algo más de un año por delante.

No es poco tiempo, pero tampoco es demasiado.

Y quizás este sea el momento indicado para que el Ejecutivo municipal haga una lectura política mucho más profunda de lo ocurrido.

El juicio político no prosperó. El intendente logró atravesar esa instancia.

Pero ganar una votación en el Concejo Deliberante, gracias al amiguismo de algunos ediles y las negociaciones con algunos espacios, no significa haber recuperado la confianza de los vecinos.

Esa confianza se recupera en la calle, con gestión.

Se recupera solucionando problemas.

Se recupera mostrando resultados.

Se recupera escuchando.

Y, sobre todo, se recupera reconociendo que cuando una ciudad llega a un punto de hartazgo, no alcanza con decir que «todo se hizo bien».

Porque quizás algunas cosas efectivamente se hicieron bien. Pero evidentemente hay demasiadas cosas que no están funcionando como deberían.

San Martín de los Andes necesita un cambio radical en la manera de gestionar. No necesariamente un cambio de nombres, sino un cambio de actitud, de prioridades y de resultados.

El intendente todavía tiene tiempo para intentarlo.

Puede seguir justificando cada cuestionamiento como una consecuencia de errores ajenos o de una pelea política.

O puede interpretar lo sucedido como una señal de alarma.

Una señal que no proviene solamente de los concejales.

Proviene de una comunidad cansada de esperar.

Y si hay algo que debería quedar claro después de este episodio es que el juicio político terminó, pero las preguntas de los vecinos siguen abiertas.

Ahora será responsabilidad del Ejecutivo demostrar, con hechos y no solamente con expedientes, que todavía tiene la capacidad de dar vuelta una gestión que hoy atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

Para otro capítulo quedará el análisis hacia los concejales y su papel en esta gestión…