El PJ de San Martín de los Andes respaldó el juicio político contra Saloniti y cuestionó el cierre del proceso
El Partido Justicialista de San Martín de los Andes salió públicamente a respaldar las declaraciones de su presidenta, Marcela Valenzuela, quien había planteado la necesidad de avanzar con el juicio político al intendente municipal, Carlos Saloniti.

A través de un comunicado, el PJ señaló que hace propios los argumentos expuestos por la concejala y sostuvo que la discusión no debería limitarse únicamente a las denuncias formuladas, sino que también debe contemplar el contexto social, político y económico que atraviesan el país, la provincia y particularmente San Martín de los Andes.
En ese sentido, el partido consideró que los concejales y concejalas tienen una responsabilidad institucional vinculada con la transparencia y la credibilidad del proceso. Para el PJ, resultaba necesario garantizar tanto el derecho de defensa del intendente denunciado como el tiempo suficiente para analizar las pruebas ofrecidas.
Según planteó el espacio político, ese análisis adicional no habría demandado más de una semana y, a su entender, podría haber permitido despejar dudas y evitar cuestionamientos vinculados con supuestas «intromisiones externas» en un proceso que, remarcaron, debía estar centrado exclusivamente en los intereses de la ciudad.
El comunicado también hizo referencia a la polémica generada por la filtración de chats privados en los que, según el PJ, se habría admitido que el intendente «ya estaba salvado desde arriba». La frase fue utilizada por el partido para cuestionar la transparencia del proceso y reclamar mayores explicaciones sobre las circunstancias que rodearon su resolución.
«El juicio político es una herramienta institucional»
Uno de los principales ejes del comunicado fue la defensa del juicio político como mecanismo previsto por las instituciones.
«Entendemos que el juicio político es una herramienta institucional», afirmó el PJ, y cuestionó que quienes impulsaron su utilización puedan ser señalados como «destituyentes».
Para el partido, considerar de esa manera a quienes recurren a una herramienta institucional constituye una actitud que puede resultar «sospechosa de toda parcialidad» y que, además, «lastima la propia integridad de la institución».
El posicionamiento se conoce después de que el Concejo Deliberante decidiera no avanzar con la destitución del intendente y cerrara el proceso iniciado a partir de las denuncias presentadas contra Saloniti.
Críticas a la situación de la ciudad
El PJ también vinculó la discusión institucional con la situación que atraviesa San Martín de los Andes.
En ese sentido, cuestionó lo que calificó como una «decadencia evidente» en materia de infraestructura y asistencia social, y sumó a ese escenario las críticas públicas realizadas sobre la gestión municipal.
El partido puso además el foco en una aparente contradicción: señaló que algunos de los mismos concejales que decidieron no avanzar con el análisis de las pruebas posteriormente realizan críticas mediáticas a distintos aspectos de la administración municipal.
Según el comunicado, esta situación contribuye a «dañar la credibilidad sobre la política y los actores que la ejercen».
«La política es la única herramienta capaz de cambiar esta realidad»
Finalmente, el Partido Justicialista reivindicó el rol de la política como herramienta para transformar la realidad social y aseguró estar dispuesto a participar de las discusiones necesarias para recuperar la confianza institucional.
«Creemos profundamente que la política es la única herramienta capaz de cambiar esta realidad, agobiante, para la mayoría de nuestros compatriotas», sostuvo el espacio.
En el cierre del comunicado, el PJ manifestó su disposición a «abrir las discusiones» y ser interpelado «las veces que sea necesario», con el objetivo de contribuir a una mayor transparencia en la gestión municipal.
El posicionamiento vuelve a instalar en el centro de la escena política local el debate sobre el proceso de juicio político, la actuación del Concejo Deliberante y el nivel de transparencia con el que se desarrollaron las distintas instancias del conflicto institucional que involucró al intendente Saloniti.



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