Familias de la EPET 12 expresaron preocupación por hechos de violencia y reclamaron respuestas de las autoridades educativas

Un grupo de familias de alumnos de la EPET N.º 12 “Ing. Juan Carlos Fontanive” de San Martín de los Andes hizo público un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por una serie de hechos de violencia que, según señalaron, involucran a estudiantes de esa institución y del CPEN N.º 28.

Las familias aclararon desde el comienzo que su intención no es identificar ni exponer a ningún menor, y remarcaron que reconocen el derecho de todos los adolescentes a recibir educación, acompañamiento y contención.

Sin embargo, plantearon una preocupación central: cómo garantizar simultáneamente los derechos del adolescente involucrado y la integridad y seguridad del resto de los estudiantes y trabajadores de las instituciones educativas.

Uno de los episodios que, según el comunicado, generó mayor preocupación ocurrió cuando una alumna fue agredida por otros estudiantes luego de una salida anticipada de la escuela. La joven se encontraba en una parada de colectivo ubicada aproximadamente a una cuadra del establecimiento y, de acuerdo con lo manifestado por las familias, sufrió heridas en el rostro como consecuencia de la agresión.

A partir de ese episodio, los padres y madres comenzaron a reclamar mayores respuestas y explicaciones sobre las medidas adoptadas frente a situaciones de violencia que, según sostienen, no serían aisladas.

Preocupación por antecedentes y medidas de acompañamiento

En el comunicado, las familias aseguran que posteriormente fueron informadas de que uno de los alumnos involucrados habría atravesado previamente situaciones de violencia en otra institución educativa y que luego fue trasladado a la EPET 12.

Según explicaron, desde la propia escuela se les comunicó que se había implementado un plan de acompañamiento destinado a favorecer la permanencia escolar y garantizar el derecho a la educación del estudiante.

Las familias señalaron que no cuestionan ese derecho, pero consideran que las medidas adoptadas deben contemplar también la situación del resto de la comunidad educativa.

En ese sentido, afirmaron que actualmente existiría entre algunos estudiantes un clima de temor que dificulta incluso que puedan comunicar situaciones que los afectan.

“Existen chicos que tienen miedo de hablar, de contar lo que sucede o de manifestar situaciones que los afectan por temor a posibles represalias”, señalaron en el documento.

También manifestaron haber tomado conocimiento de presuntas amenazas que habrían alcanzado incluso a docentes, una situación que, de confirmarse, incrementaría la preocupación dentro de la comunidad educativa.

“No queremos que se vulneren los derechos de ningún adolescente”

Uno de los principales reclamos de las familias apunta a las limitaciones que, según les habrían explicado las autoridades de la institución, existen para adoptar determinadas medidas disciplinarias.

De acuerdo con el comunicado, durante una reunión con las familias se les informó que la expulsión del alumno no sería una alternativa disponible y que, eventualmente, podría regresar a clases si las autoridades educativas superiores consideran que se está vulnerando su derecho a la educación.

Frente a esta situación, las familias plantearon que no pretenden que se desconozcan los derechos del adolescente, pero cuestionaron que garantizar ese derecho pueda implicar que otros estudiantes o docentes se sientan amenazados o inseguros.

“Creemos que deben existir otras respuestas”, sostuvieron.

Pedido de intervención a las autoridades provinciales

Ante este escenario, las familias solicitaron públicamente la intervención de las autoridades educativas correspondientes, con el objetivo de que se adopten medidas concretas para garantizar la seguridad y la integridad de todos los integrantes de la comunidad educativa.

El reclamo no se limita a un episodio puntual, sino que apunta al clima general que, según describen, se habría instalado dentro y alrededor de la institución.

“Queremos que nuestros hijos puedan ir a estudiar sin miedo”, expresaron, al tiempo que reclamaron que los estudiantes puedan comunicar situaciones de violencia sin temor a represalias y que los docentes puedan desarrollar su tarea sin sentirse amenazados.

Las familias insistieron en que la respuesta institucional debe contemplar los derechos de todos los estudiantes, y no únicamente los correspondientes al adolescente señalado en las situaciones de violencia.

Finalmente, señalaron que decidieron hacer pública su preocupación para que las autoridades educativas provinciales tomen conocimiento de la situación y brinden “garantías concretas” de que los alumnos podrán continuar asistiendo a clases en condiciones de seguridad.

El comunicado lleva la firma de familias de alumnos de la EPET N.º 12 de San Martín de los Andes.