Siete años y 8 meses de prisión por abusar de una adolescente de 13 años

Un tribunal colegiado condenó a J.M.C. a 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo responsable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal cometidos contra una adolescente de 13 años.

La pena fue impuesta durante una audiencia de determinación de la pena, luego de que la fiscal del caso, Dra. Inés Gerez, solicitara el máximo de pena que podía requerir la acusación para los delitos por los que el hombre había sido declarado responsable.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, si bien los 7 años y 8 meses constituían el máximo que podía solicitar, consideraba que esa pena resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos y al daño provocado en la víctima.

Entre las circunstancias agravantes, la fiscal destacó la pluralidad de hechos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado, la relación de confianza existente entre ambos y la gravedad y persistencia del daño ocasionado.

La querella particular, representada por la abogada Melina Pozzer, adhirió al pedido de la Fiscalía y sumó como agravante la condición de agente de la Policía que tenía J.M.C. al momento de los hechos.

El tribunal colegiado estuvo integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Laura Barbé y Carolina González, quienes hicieron lugar al pedido de la acusación e impusieron la pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva.

Además, los magistrados ordenaron la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Los hechos ocurrieron durante un viaje a San Martín de los Andes

Los hechos por los que J.M.C. fue condenado ocurrieron en febrero de 2021, durante un viaje familiar a San Martín de los Andes.

Según se estableció durante el proceso judicial, el hombre aprovechó el contexto de convivencia, la relación de confianza y la diferencia de edad para cometer los dos abusos sexuales contra la adolescente.

La víctima pudo revelar lo ocurrido recién en abril de 2024, lo que dio inicio a la investigación que posteriormente derivó en el proceso judicial y en la condena.

La Justicia consideró acreditadas las circunstancias agravantes planteadas por las partes acusadoras y dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo.