Reforma de la Ley de Salud Mental avanza en el Congreso

El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, con 42 votos a favor y 21 en contra. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, introduce cambios en las condiciones de internación, el rol de los hospitales psiquiátricos y la composición de los equipos de atención, y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Qué cambia para los pacientes y las familias

Entre las modificaciones más relevantes, la reforma amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales psiquiátricos especializados dentro del sistema sanitario y otorga mayor participación a los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios. Estos puntos generan posiciones encontradas entre profesionales de la salud, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares de pacientes.

La ley vigente, sancionada en 2010, estableció un cambio de paradigma basado en los derechos humanos y en la reducción de la internación psiquiátrica como eje del tratamiento. Desde su puesta en marcha, sin embargo, recibió cuestionamientos de sectores profesionales, judiciales y de familias que señalaron dificultades en su implementación.

Financiamiento federal para las provincias

Uno de los puntos destacados de la sesión fue la incorporación, a propuesta del senador misionero Carlos Arce, de un artículo sobre financiamiento federal. La disposición establece que el Estado nacional deberá brindar asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar las prestaciones previstas en la norma.

Los fondos se canalizarán mediante convenios que deberán detallar costos, compromisos jurisdiccionales, metas y mecanismos de rendición de cuentas. El texto también aclara que la falta de recursos propios de una provincia no podrá ser, por sí sola, motivo para rechazar el apoyo nacional.

Los recursos estarán destinados prioritariamente al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la formación y contratación de profesionales, las teleconsultas, los dispositivos comunitarios y la atención de niños y adolescentes. La distribución deberá acordarse en el Consejo Federal de Salud (COFESA), con participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), y tomar en cuenta criterios como población, necesidades sanitarias, condiciones socioeconómicas y desigualdades territoriales.

Qué sigue

El proyecto deberá ahora obtener media sanción en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. El resultado de ese debate definirá si los cambios en el sistema de salud mental —que afectan tanto a la atención pública como a las coberturas de obras sociales y prepagas— entran en vigencia en todo el país, incluida la provincia del Neuquén.