Da Pieve salió al cruce por el adelanto de $2 millones y amenaza con acciones legales: la coincidencia con los aportes de campaña sigue generando interrogantes

La concejal María Laura Da Pieve decidió responder públicamente a las publicaciones que dieron cuenta de un adelanto de haberes por $2.000.000 que solicitó al Municipio de San Martín de los Andes. Lo hizo mediante un extenso comunicado dirigido a la comunidad, en el que rechazó que ese dinero haya tenido como destino financiar la campaña electoral en la que participó como candidata a senadora suplente. Además adelantó que no va a dar notas periodísticas sobre el tema.

La funcionaria sostuvo que el pedido, instrumentado mediante el Decreto Municipal 2574/25, respondió a una urgencia de salud de un familiar directo y a los gastos que debió afrontar por medicamentos y estudios médicos. También remarcó que el adelanto fue autorizado, quedó registrado administrativamente y se descontó de sus haberes en tres cuotas.

Sin embargo, más allá de las explicaciones brindadas por la concejal, hay un aspecto que no puede pasar inadvertido: la coincidencia temporal y económica entre el adelanto solicitado por Da Pieve y los aportes de $2.000.000 que el gobernador Rolando Figueroa había solicitado a dirigentes de su espacio político para afrontar los gastos de campaña.

El decreto municipal está fechado el 19 de septiembre de 2025. En ese mismo período se desarrollaba el proceso electoral y Da Pieve integraba la lista de La Neuquinidad como candidata suplente a senadora.

La coincidencia no constituye, por sí sola, una prueba de que el adelanto haya sido destinado a financiar actividades electorales. Tampoco existe en el decreto una referencia que indique ese destino. Pero la proximidad de las fechas, la coincidencia exacta de los montos y el contexto político en el que se produjo el pedido son elementos que explican por qué el tema tomó estado público y por qué merece una aclaración.

Qué se publicó sobre los aportes electorales

Un dato relevante es que el diario Río Negro publicó el 19 de septiembre de 2025 un relevamiento de los aportes privados declarados por La Neuquinidad ante la Cámara Nacional Electoral.

La información daba cuenta de que el espacio político había reunido $45,3 millones mediante 33 aportes registrados entre el 1 y el 17 de septiembre. Entre ellos figuraban contribuciones de $2 millones realizadas por candidatos y ministros del gobierno provincial.

Además, el contralor municipal, Jorge Fernández, fue quien vinculó públicamente el adelanto de haberes con un supuesto requerimiento de aportes económicos a dirigentes que habían accedido a cargos públicos por La Neuquinidad. Esa afirmación fue parte de la información difundida y no surgió de una interpretación del texto del decreto.

Hay que hacer una distinción importante: el relevamiento periodístico de los aportes no identificó expresamente a Da Pieve como aportante. Por lo tanto, no corresponde afirmar que los $2 millones que recibió como adelanto terminaron en las cuentas de la campaña.

Pero tampoco se puede desconocer que el documento municipal existe, que el monto está expresamente consignado y que la información sobre los aportes electorales fue publicada por otro medio a partir de registros de la Cámara Nacional Electoral.

Da Pieve habló de una campaña de desprestigio y anunció acciones legales

En su descargo, la concejal aseguró que el adelanto fue solicitado cuando necesitaba afrontar gastos médicos de un familiar directo, debido al costo de medicamentos y estudios.

También explicó que, como madre de tres hijos, necesitaba contar con ese dinero para llegar a fin de mes y sostuvo que se trató de una operación administrativa legal, autorizada y posteriormente descontada de su sueldo.

Da Pieve cuestionó especialmente la difusión de su fotografía y la vinculación de su nombre con un supuesto aporte electoral. Consideró que se trató de una operación de carácter político destinada a perjudicarla y aseguró que su familia también resultó afectada por las publicaciones.

Asimismo, recordó que durante la campaña tuvo que asumir responsabilidades institucionales en el Concejo Deliberante y posteriormente al frente del Ejecutivo municipal, debido a cuestiones de salud del intendente Carlos Saloniti, circunstancia que, según explicó, le dejó poco tiempo para realizar actividades proselitistas.

Finalmente, manifestó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por lo que considera una difusión maliciosa de información personal y por la presunta violación de la confidencialidad de datos vinculados con la salud de su familia.

Su jefe de prensa, Iñaki Bidart también hizo llegar un mensaje a los medios de comunicación, solicitando que el descargo fuera difundido únicamente por aquellos que habían publicado información sobre el caso.

El derecho a responder y también a informar

Desde este medio entendemos que la concejal tiene todo el derecho a brindar su explicación, defender su actuación y recurrir a la Justicia si considera que se vulneraron sus derechos.

Sin embargo, también corresponde aclarar que la información publicada no fue apócrifa. El decreto 2574/25 existe, es un documento oficial de acceso público y acredita que Da Pieve solicitó un adelanto de haberes de $2.000.000, con devolución mediante tres descuentos salariales.

La vinculación con el financiamiento electoral, por su parte, fue expuesta públicamente por el contralor municipal y forma parte de una discusión que merece ser aclarada con documentación y no solamente mediante desmentidas o cuestionamientos a quienes la difunden.

Nadie está poniendo en discusión el derecho de una trabajadora municipal a solicitar un adelanto de haberes ante una urgencia familiar. El interrogante periodístico es otro: ¿cómo se explica que el 19 de septiembre de 2025 una concejal que integraba la lista electoral de La Neuquinidad solicitara exactamente $2 millones, mientras que en esos mismos días se registraban aportes de idéntico monto para financiar la campaña del espacio político que conduce Rolando Figueroa?

Es mucha casualidad como para que la coincidencia pase inadvertida. Y precisamente por eso corresponde preguntar, investigar y publicar.

La Justicia tendrá la posibilidad de determinar si existió alguna irregularidad, mientras que la comunidad tiene derecho a conocer los actos administrativos de sus representantes y los medios de comunicación tienen derecho a informar sobre hechos de interés público, respetando siempre los límites legales.

Explicar no es lo mismo que desacreditar una publicación. Y amenazar con acciones legales tampoco convierte automáticamente en falsa una información respaldada por documentación pública.