Echaron a un policía que vendía objetos robados a través de Facebook

Un efectivo de la Policía de Neuquén fue expulsado de la institución luego de quedar involucrado en una causa por la presunta venta de objetos robados a través de Facebook Marketplace.

La medida recayó sobre el cabo primero Nicolás Javier Hoingo, integrante del cuerpo técnico del escalafón oficinista, cuya destitución por cesantía fue dispuesta por el Gobierno provincial que encabeza Rolando Figueroa.

Según se conoció, la investigación administrativa se originó a partir de un hecho ocurrido en 2021, cuando una víctima de un robo reconoció en publicaciones de Facebook distintos elementos que le habían sido sustraídos, entre ellos herramientas y equipos de escalada.

Lo encontraron vendiendo los elementos robados

De acuerdo con las actuaciones, la víctima, acompañada por su pareja, simuló estar interesada en comprar los objetos y coordinó un encuentro con el supuesto vendedor, con intervención policial.

Cuando llegaron al lugar acordado, identificaron al vendedor como el entonces efectivo policial Hoingo. Los elementos denunciados como robados se encontraban en su poder y estaban preparados para ser comercializados.

El caso dio lugar a una causa judicial caratulada «H.L. S/ DENUNCIA – PRESUNTO ROBO», iniciada el 23 de diciembre de 2021, con intervención de las fiscalías de Robos y Hurtos y de Delitos Económicos.

La Justicia le concedió la probation

El proceso judicial avanzó y, el 26 de noviembre de 2024, el juez de Garantías interviniente le concedió al efectivo el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, sujeto al cumplimiento de determinadas reglas de conducta.

En paralelo, la Policía inició las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades disciplinarias del agente.

Según consta en el expediente, el 3 de abril de 2025 la Jefatura de Policía solicitó formalmente al Poder Ejecutivo su destitución por cesantía, luego de evaluar las faltas atribuidas y garantizar su derecho a defensa.

Finalmente, el Gobierno provincial resolvió su expulsión de la fuerza.

La decisión se enmarca en la política de tolerancia cero que impulsa la actual gestión provincial frente a conductas irregulares dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente cuando se trata de hechos que afectan la confianza pública en la institución policial.