Realidad Sanmartinense

Faltó más de un año al trabajo y cobró igual: lo despidieron

Un auxiliar de servicio de una escuela provincial fue cesanteado por abandono de cargo luego de que una investigación acreditara más de un año de inasistencias injustificadas. Además del despido, el Gobierno neuquino ordenó revisar si el trabajador cobró su sueldo durante el período en que no fue a trabajar, y abrió la puerta a un eventual reclamo judicial de devolución de fondos.

Faltó más de un año sin justificar nada

La sanción recayó sobre Matías Ezequiel Gutiérrez, auxiliar de servicio del CPEM 19 de Neuquén capital. Según la documentación oficial, el agente no justificó sus ausencias entre el 1 de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024. El Gobierno provincial convalidó este lunes la resolución emitida por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

El expediente muestra, sin embargo, que la historia venía de más lejos. Las notas que dieron origen al procedimiento denunciaban inasistencias injustificadas desde 2018. Una exautoridad del establecimiento ratificó esos antecedentes y declaró que «nunca llegó a conocer personalmente» al auxiliar.

Notificaciones sin respuesta y un domicilio inexistente

Durante la investigación, Gutiérrez fue citado en dos oportunidades para prestar declaración y no se presentó en ninguna. Los intentos de notificación postal también fracasaron: el domicilio que el trabajador tenía registrado resultó inexistente.

El agente había intentado justificar parte de sus primeras ausencias alegando medidas de fuerza. No obstante, las actuaciones establecieron que luego fue intimado formalmente a retomar sus tareas sin que constara respuesta, regreso a la escuela ni documentación respaldatoria de ningún tipo.

La prolongada ausencia obligó a la administración escolar a disponer sucesivos reemplazos temporarios para mantener la continuidad de las tareas en el establecimiento.

Revisión salarial y posible reclamo al Estado

Además del despido, la resolución ordenó verificar si Gutiérrez percibió haberes durante el período en que no trabajó. La documentación disponible no precisa montos ni confirma qué sumas fueron abonadas durante las ausencias investigadas.

Si se comprueba que hubo pagos, deberán activarse los mecanismos para recuperar esos recursos. En caso de que no sea posible hacerlo por las vías administrativas, el CPE deberá promover acciones judiciales ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado provincial. La resolución contempla también dar intervención a la Fiscalía de Estado si resultara necesario.

El caso se enmarca en la política de control del cumplimiento de las obligaciones laborales que lleva adelante la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Con la cesantía confirmada, el próximo paso será el análisis de los haberes percibidos durante las ausencias, que determinará si corresponde exigir un reintegro de dinero a la provincia.

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