Tolerancia cero en Neuquén: echaron a cinco empleados estatales y buscarán recuperar los sueldos

La política de “tolerancia cero” que impulsa el gobernador Rolando Figueroa en la administración pública de Neuquén sumó un nuevo capítulo con la desvinculación de cinco empleados estatales acusados de abandonar sus puestos de trabajo y acumular ausencias injustificadas durante distintos períodos.

Según se conoció, las cesantías alcanzaron a trabajadores de diferentes organismos provinciales, entre ellos el Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Además de las sanciones administrativas, el Ejecutivo ordenó investigar si los agentes percibieron salarios durante los días o meses en los que no prestaron servicios. Si se determina que cobraron haberes que no les correspondían, deberán restituir esas sumas.

La medida contempla también la posibilidad de recurrir a la Justicia si los ex empleados no devuelven el dinero reclamado, con intervención de la Fiscalía de Estado.

Los cinco casos y los períodos de inasistencia

Los expedientes alcanzan a trabajadores de distintas dependencias provinciales. En cada caso, las autoridades analizaron las ausencias y la documentación incorporada a los procedimientos administrativos.

1. Una auxiliar de servicios de Junín de los Andes

Una de las cesantías recayó sobre Cecilia Lourdes Villanueva, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes.

De acuerdo con la información publicada, los auditores dieron por acreditado el abandono de cargo debido a inasistencias injustificadas y consecutivas registradas entre el 10 de marzo de 2023 y el 7 de mayo de 2024.

El caso involucra al sistema educativo provincial y a una función vinculada con el mantenimiento y la limpieza del establecimiento escolar.

2. Ausencias durante más de siete meses en el Ministerio de Gobierno

La segunda cesantía alcanzó a Johana Elisabet Zenteno, quien pertenecía a la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Según los antecedentes difundidos, la agente faltó de manera injustificada entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024.

La publicación señala que no compareció para ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo.

3. Una ex agente de la Subsecretaría de Trabajo

El tercer caso corresponde a Elisa Marina Vázquez, quien se desempeñaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La sanción se fundamentó en ausencias injustificadas registradas entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024, período durante el cual se consideró configurado el abandono de cargo.

4. Un empleado de la Subsecretaría de Juventudes

Otro de los despidos recayó sobre Carlos Ignacio Somoza, quien pertenecía a la planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes, dentro del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

En su caso, las inasistencias injustificadas se extendieron del 1 al 22 de julio de 2024.

El expediente indica que el agente se presentó ante la Dirección Superior de Sumarios acompañado por su abogado, impugnó la sanción y realizó un descargo. Sin embargo, los auditores consideraron que los argumentos presentados no contaban con pruebas suficientes para revertir las conclusiones del procedimiento.

5. Una agente del área de Deportes

La quinta cesantía alcanzó a Karina Graciela Gerban, quien se desempeñaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Deportes, también dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Según los datos publicados, la agente acumuló ausencias injustificadas entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

En la documentación del caso se indicó que no presentó elementos suficientes para justificar las reiteradas inasistencias.

El Gobierno investigará si cobraron sin trabajar

Uno de los puntos centrales de las medidas es determinar si los cinco agentes percibieron remuneraciones durante los períodos en los que no cumplieron con sus tareas.

Para ello, los organismos correspondientes deberán establecer qué salarios se abonaron, cuáles fueron los períodos efectivamente no trabajados y si existen sumas que deban ser restituidas al Estado provincial.

La cesantía y el eventual recupero de haberes son procedimientos diferentes: mientras que la primera sanciona la conducta laboral acreditada, la devolución dependerá de que se comprueben pagos indebidos.

En caso de confirmarse que hubo salarios cobrados sin la correspondiente prestación de servicios, los ex empleados serán convocados a devolver el dinero.

Si no cumplen con esa obligación, el Gobierno advirtió que dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El objetivo es recuperar los recursos públicos que eventualmente se hayan pagado de manera irregular y determinar las responsabilidades que correspondan en cada expediente.

La política de tolerancia cero de Rolando Figueroa

Las nuevas desvinculaciones se inscriben en la política de control del empleo público que el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

La estrategia contempla la revisión de expedientes disciplinarios, la investigación de inasistencias injustificadas y la aplicación de sanciones cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones de los agentes estatales.

En ese marco, el Ejecutivo sostiene que los empleados públicos deben cumplir con sus jornadas laborales y justificar debidamente las ausencias. Cuando las investigaciones determinan que hubo abandono de cargo, pueden aplicarse sanciones que incluyen la cesantía.

El caso de los cinco trabajadores vuelve a poner en discusión los mecanismos de control dentro del Estado, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el uso de los recursos provenientes de las arcas públicas.

El recupero de fondos, otro eje de las sanciones

Más allá de las desvinculaciones, la decisión de investigar los salarios abonados durante los períodos de ausencia incorpora una dimensión económica al proceso disciplinario.

La Provincia buscará establecer si existió un perjuicio para las finanzas públicas y, en caso afirmativo, recuperar los importes que correspondan.

La intervención de la Fiscalía de Estado aparece como una instancia posible si los ex agentes no restituyen las sumas reclamadas y deben iniciarse acciones judiciales.

De esta manera, el Gobierno provincial combina las sanciones laborales con la posibilidad de reclamar la devolución de dinero público. El resultado de esas actuaciones dependerá de la revisión de los haberes y de las conclusiones a las que se llegue en cada uno de los cinco expedientes.