Brunilda le puso la firma: «Rucas si»

San Martín de los Andes – En el marco de una posible instancia legal, con la que la empresa Nieves del Chapelco amenazó a los funcionarios y legisladores que habilitaron las Rucas en el estacionamiento del Centro de Esquí, la intendenta municipal, Brunilda Rebolledo, difundió una carta en la que pretende explicar el por qué de la promulgación de la ordenanza. Aunque el texto está dirigido a los vecinos de la ciudad, claramente el contenido intenta justificar su decisión ante los actores con intereses involucrados en esta acción.

Al respecto, parece importante aclarar, que el municipio promulga varias habilitaciones a término semanalmente, aunque ninguna otra mereció una justificación. En general, el trámite es mas sencillo: con la inspección de Bromatología y Obras Particulares, el Concejo Deliberante vota la habilitación, el ejecutivo la promulga, y se acabó.

La carta comienza presentando a un Estado municipal, que se autoexcluye de un «conflicto de vieja data» que involucra al Gobierno de la Provincia, la Comunidad Curruhuinca y la Empresa Concesionaria de Chapelco. Sin embargo, el municipio es una parte importante en este conflicto, ya que tiene el derecho a reclamar la transferencia del complejo invernal a su dominio, autorizado por la ley provincial 2.388 del año 2002. Evidentemente, existiendo la legislación este reclamo obedece a una decisión política, que hasta el momento nadie ha decidido tomar.

Asimismo, la carta hace alusión a la decisión del año pasado de clausurar los locales que este año habilitó, mostrando el rol central que desempeña el municipio en esta situación. Lamentablemente, el texto no hace referencia a por qué este año si se pueden habilitar, y el año pasado no. Quizá, explicando este punto hubiera podido entenderse mejor la justificación de la promulgación, aunque también hubiera quedado manifiesto el trasfondo de una fuerte tensión de poderes que luchan en los grises de la legislación.

Con una referencia poco clara, no deja de tomar postura con relación a otro conflicto que estalló recientemente, y que tiene que ver con el proyecto inmobiliario, la venta de tierras y la ley de bosques que afecta a ese sector. Aunque esto no es un tema que involucre la promulgación de la ordenanza, Brunilda no pierde la oportunidad de alinearse a la posición del partido provincial diciendo que se trata de «infames denuncias que en nombre de la legalidad y el deseo de justicia, esconden mediocres motivos electorales».

Esta aclaración, muestra que la decisión, primero del oficialismo en el Concejo Deliberante, y del ejecutivo con la promulgación, no es parte de la democrática independencia de poderes, sino de una postura unificada, ante una compleja situación. Una postura conciliada, en la última reunión de gabinete de la que participó el gobernador.

A continuación, transcribimos la carta enviada a los medios de comunicación, como fundamentos de la promulgación.

Estimados vecinos:

En el marco de la reciente sanción, por parte del Concejo Deliberante, de la Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a otorgar licencia comercial a término a los Rental y Rukas que pretenden funcionar comercialmente en la base del Cerro Chapelco, estimo prudente explicar los fundamentos que hemos considerado para promulgar la Ordenanza Nº 11.376/17.

Una vez más nos toca, como municipio, intervenir en un conflicto de vieja data, y cuyos actores principales están por fuera de la gestión municipal: el Gobierno de la Provincia, la Comunidad Curruhuinca y la Empresa Concesionaria de Chapelco.

Nos estamos refiriendo a la habilitación transitoria de las denominadas Rukas, que no son ni más ni menos que los Rental de Esquí y que de acuerdo al reclamo presentado por la Concesionaria del Complejo invernal Cerro Chapelco, las mismas estarían en infracción por estar dentro del predio de la concesión.

Como municipio nos corresponde el ejercicio de funciones que son de nuestra competencia, como es la aprobación de planos, el control ambiental, sanitario y bromatológico, el otorgamiento de licencias comerciales, por citar algunas que son de aplicación en todo el ejido municipal y a todos los ciudadanos de nuestra localidad.

Actuamos por primera vez en nuestra gestión el año pasado clausurando los locales. Hicimos la denuncia correspondiente, a la cual apelaron solicitando una medida cautelar de no innovar que fue rechazada por la justicia y de la cual nos notificamos todas las partes los últimos días de junio. La reacción inmediata del Lonko de la comunidad Curruhuinca fue promover cortes de rutas instando a la violencia, y por otra parte los directivos de la empresa concesionaria reclamaron con justa razón que se haga efectivo el fallo.

Todo este proceso se ha dado en medio de infames denuncias que en nombre de la legalidad y el deseo de justicia esconden los mediocres motivos electorales que muy lejos están de las propuestas superadoras que necesita nuestra ciudad.

En este clima de tensión debemos dar tratamiento a la ordenanza sancionada y buscamos la manera de seleccionar la alternativa de mayor gobernabilidad. Siempre hemos apelado al diálogo propiciando el acuerdo entre las partes. No es nuestra intención ir en contra de lo que determinó la justicia. Por el contrario, consideramos que es el gran disparador para lograr la legalización necesaria para resolver este pleito. Por esta razón, la Ordenanza N° 11.376/17 otorga una habilitación a término, que se concede por una única vez, la cual, el Departamento Ejecutivo no volverá a conceder el próximo año en calidad de excepción.

Los conflictos legales y de propiedad de la tierra exceden nuestra competencia y está en manos de los actores principales resolverlos a fin de evitar una repetición periódica de un pleito que afecta a toda la comunidad.

Como medida proactiva impulsaremos una comisión específica incluyendo a sectores del gobierno provincial. Existe el compromiso del Ministro de Turismo para trabajar en este sentido.

Con prudencia pero sin renunciar a las soluciones de fondo y en pos de una mayor sustentabilidad económica y social de San Martín de los Andes, velando por el cuidado de una de las fuentes más importantes de nuestra economía, propiciando la paz para que los 450 empleados del Complejo Invernal puedan desarrollarse laboralmente y favorecer de este modo el entramado comercial que deja millones de pesos en nuestra Localidad. Con la mirada puesta en mantener un equilibrio armónico en nuestra ciudad turística, con el firme compromiso de continuar con todas las gestiones necesarias para que este tema deje de ser un conflicto constante en San Martín de los Andes y teniendo el convencimiento de que los actos de gobierno siempre deben servir al bien común, es que he decidido promulgar la Ordenanza N° 11.376/17.