Continúa el debate por la modificación de la ordenanza de la Renta Diferencial Urbana

El Concejo Deliberante se encuentra en plena discusión de la normativa sobre la renta diferencial urbana. En la actualidad hay una ordenanza sancionada año 2013, que para su aplicación dispone de una tramitación compleja que la hizo de muy difícil cumplimiento. En agosto de este año, el órgano deliberativo suspendió la aplicación de esta norma y se propuso un plazo de 120 días para rediscutirla. 

Mientras se analizan algunos puntos del proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos, desde el Consejo Asesor de Vivienda se trabaja para generar un espacio amplio de discusión, convocando a todos los actores intervinientes y con especialistas de otros puntos del país en el que la norma se aplicó con el consenso de toda la comunidad. 

El concepto que subyace en las normativas sobre la renta diferencial tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y su efecto económico que determina el incremento del valor del suelo. De allí se busca diferenciar cuánto de este aumento es para el propietario de la tierra y cuánto para redistribuirlo en hábitat, es decir infraestructura, servicios y disponibilidades para atender una demanda habitacional.

El asesor de planeamiento del Concejo Deliberante, Carlos Menéndez explicó en RSM Radio cómo se genera este valor diferencial.“En general el aumento del valor lo termina captando el propietario de la tierra. Si antes del crecimiento la tierra valía 10 y después vale 50, esa diferencia se la lleva el dueño del suelo. Con la introducción de una nueva agenda urbana se plantea que una parte de esa valorización, por participar de la dinámica de crecimiento económico y social, vuelve al Estado municipal para redistribuir”.

“El rol del municipio en nuestro país es muy importante en la regulación del uso del suelo y el crecimiento de la ciudad. Cada municipio regula planificando cómo y para dónde crece, qué infraestructura prevé y qué tipo de uso genera en cada sector del suelo. Por ejemplo, el valor de la tierra para uso rural genera poco valor. En cambio, si para esa tierra se definen servicios, comercios y viviendas, el valor aumenta. Cómo la normativa para ese uso la da el municipio, quien otorga ese tipo de derechos, como sucede con los derechos de explotación petrolera o minera, captura para sí parte de ese incremento en el valor.”