Desde Desarrollo Social repudiaron la decisión de los jueces que otorgaron la prisión domicialiaria al abusador sexual y exigieron cárcel

La decisión de los jueces Balderrama, Ojeda y González, que componen el Tribunal de Revisión, generó también un repudio mayúsculo en la secretaría de Desarrollo Social, quienes expresaron a través de un comunicado su postura ante lo sucedido el pasado jueves 8 de marzo en una vivienda del barrio Jardín.

Justamente al ser el Órgano de Aplicación de las Leyes 2302 y 2785, expresaron en el comunicado «su más profundo REPUDIO a la decisión judicial que resolvió beneficiar con prisión domiciliaria a un detenido a quien se le formularon cargos por abuso sexual con acceso carnal de una niña menor de edad».

Desde la secretaría manifestaron que «el día viernes 9 se logró el abordaje de la situación por una intervención conjunta del personal de la secretaría de Desarrollo Social, y la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, quienes resolvieron el traslado de la niña al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se generó el ámbito de confianza necesario para que declarara lo sucedido, identificando en ese mismo momento a su agresor».

«Se activó el protocolo de ASI, permaneciendo la menor en el Hospital acompañada de familiares y personal policial, retirándose la guardia de Desarrollo Social», explica el comunicado.

Llama la atención de la manera en que la policía logró detener al acusado. En el mismo documento, la secretaría informa cómo ocurrió. «La operadora de Desarrollo Social, de regreso a su domicilio, advierte que el acusado está en una parada de colectivos del barrio La Cascada, con un bolso en la mano, en un claro intento de fuga. Da inmediato aviso al personal policial que había actuado en el operativo y así se activó la detención de la persona».

El comunicado continúa diciendo lo siguiente:
«Estas actuaciones interinstitucionales se generan como protección integral de los niños, niñas y adolescentes, a efectos de asegurar sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y social; a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía de valores, ideas o creencias, a sus espacios y objetos personales (Artículo 14 de la Ley 2302). El artículo 17 de la misma norma garantiza a los niños y adolescentes con discapacidades, el derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad e integración igualitaria y a recibir cuidados especiales. El capítulo II de la Ley establece las Medidas de Protección Especial de Derechos en los casos de amenaza o violación de los derechos de niños y adolescentes.

Como puede advertirse SOBRA LETRA EN LO QUE SON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Sin embargo, la justicia penal en la persona de tres jueces (dos de ellos mujeres), ante un hecho gravísimo y repudiable como el acontecido, y con antecedentes comprobados de que existe riesgo de fuga, resuelven beneficiar al imputado con fundamento en que tiene HIV y a los inconvenientes que hay en los centros de detención por la cantidad de presos y el hacinamiento que existe (sic).
Resulta inexplicable que una vez más se violen los derechos de una niña víctima de tamaño delito, desde quienes DEBEN administrar justicia.

En inentendible para quienes todos los días trabajamos en situaciones de niños, niñas y adolescentes de altísima complejidad, salvaguardando sus identidades e historias, aceptar esta decisión de la Justicia.
No la ADMITIMOS, no la AVALAMOS, el INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS es prioritario, es excluyente de cualquier otro derecho, no hay nada de hecho o de derecho que le sea oponible.
Por eso es impensable que el imputado «anónimo» goce de arresto en la comodida de su casa y la víctima comience todo un perenigraje sanitario, judicial, educacional y sobre todo «público».

Establece la Convención sobre los Derechos del Niño (20-11-1989):
«En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño».

Señor Juez y Señoras Juezas, tomen debida nota de que los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria (antes que a los adultos) el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su interés superior. La víctima de este proceso tiene derecho a ver entre las rejas a quien ella misma denunció».

El comunicado lleva además la firma de la titular de la secretaría de Desarrollo Social, la funcionaria Silvia Tello.