Piden 3 años de prisión y 5 de inhabilitación a los guardaparques por la causa Lolén

Luego de cuatro días de audiencias en el juicio que se lleva adelante por las muertes de Martina Sepúlveda y Matías Mercanti, el 1° de enero de 2016 en el camping Lolén, este jueves se confirmó que el fiscal mantuvo la acusación contra los guardaparques pero desvinculó a los integrantes de la comunidad mapuche.

El fiscal federal Miguel Palazzani solicitó tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los cuatro guardaparques procesados, por la tragedia en un camping habilitado dentro del Parque Nacional Lanín, cuando la caída de un árbol causó la muerte de los dos niños.

En tanto, para los dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca -a cargo del camping- que también están imputados, Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, solicitó la absolución.

En el marco de su alegato de clausura, Palazzani señaló que “el árbol estaba en espacio público, en una playa pública y con jurisdicción directa de control por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN)”.

“Los funcionarios públicos de la APN deben responder penalmente por el incumplimiento de los deberes de cuidado establecidos en las normas, porque entendemos que sus omisiones y negligencias encuentran suficiente nexo causal con el resultado lamentable respecto de Martina y Matías y de las lesiones de Federico Mercanti y Carmen Rey”, padre y abuela del niño fallecido.

Por su parte, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), Federico Danilo Granato, solicitó al tribunal ser tenido en cuenta como “amicus curiae” o “amigo del tribunal” para la tramitación de las actuaciones.

El funcionario, fundamentó su presentación “en el interés de esa Administración (APN) en aportar argumentos y opiniones de transcendencia para la resolución del caso” y manifestó “la posible afectación de un interés general, por entender que la resolución que se dicte podría llegar a conmover la conservación y visita de los Parques Nacionales”.

El primer defensor en ofrecer su alegato fue Federico Egea, abogado del guardaparques Encina, quien manifestó -en primer lugar- que “ni los abogados que aquí intervenimos, ni mi defendido en particular ignoramos la gravedad del resultado de este hecho”.

“Pero esa tremenda desgracia que vivieron las familias víctimas no nos debe llevar a confundir las responsabilidades que pudieron operar en el caso concreto. Es un hecho gravísimo, de una tristeza enorme, pero ello no significa que se deba condenar a cualquier persona en nombre de esa circunstancia”, agregó.

Egea aseguró que quedó acreditado que “el árbol se encontraba ubicado en propiedad privada, dentro de la comunidad Curruhuinca”, y que “nadie podía prever ni ponderar el riesgo de la caída de este árbol”, por lo que “no existe ninguna especie de nexo causal entre el trabajo de Encina y el resultado”, y pidió la absolución del guardaparques de todos los cargos formulados con costas.

En tanto, el defensor de Hileman, Nicolás Agustín Corleto, también pidió la “inmediata absolución con costas” para su defendida y expresó que “después de 7 años de investigación y hasta el día de hoy no sabe qué se le imputa”.

Corleto aseguró que hay “ausencia de nexo causal”, porque “estamos ante un hecho completamente imprevisible”, y recordó que en el transcurso de las audiencias “vinieron siete ingenieros forestales que dijeron que no es previsible la caída de un árbol”.

Los abogados defensores de Lucca y Jones, Santiago Martínez Winter y José Manuel Ubeira, coincidieron en que “la libre absolución es lo que corresponde”.

“Una tragedia no se puede saldar con una injusticia”, dijo Ubeira, y aseguró que “el hecho trágico, lejos de haber sido encausado como verdaderamente correspondía, fue explotado para generar mayor estrépito y, fundamentalmente, mayor estigmatización”.