Emergencia penitenciaria: autorizan al ejecutivo provincial inversiones con crédito para infraestructura

La Cámara de Diputados sancionó por mayoría la ley 3426 que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia por un plazo de tres años, prorrogable por igual período. La iniciativa, elevada por el gobernador Rolando Figueroa, faculta al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para hacer frente a la crisis del sistema, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación carcelaria.

El diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad) calificó la situacion carcelaria “sumamente grave”, denunció que, por la superpoblación de las cárceles, en la actualidad se utilizan las comisarias para alojar personas detenidas y condenadas. Asimismo expuso que son “deplorables” las condiciones edilicias de los centros penitenciarios. “Debemos dar una respuesta para quienes hayan cometido un perjuicio a la sociedad lo paguen, pero en condiciones dignas”.

Según el diputado Francisco Lépore (Avanzar) informó que en lo inmediato se necesitan incorporar 200 plazas nuevas para bajar el cupo de detención de la U11 y descomprimir las comisarias, que alojan a 55 personas privadas de su libertad. Agregó que el financiamiento servirá para afrontar reparaciones, incorporar equipamientos y restaurar servicios en las unidades de detención. 

Por el bloque Cumplir, Alberto Bruno señaló que la medida permitirá afrontar las condiciones de hacinamiento y pidió también por una ley de emergencia en seguridad. De igual modo, ponderó la concurrencia de funcionarios de la cartera de Seguridad a la comisión de Hacienda para brindar informes de manera semestral.