Legisladores debaten sobre la baja de la edad de imputabilidad

Ante los recurrentes hechos de inseguridad, seguidos de brutales crímenes, ahora también los legisladores de Neuquén buscan que la edad disminuya a 14 años a nivel nacional, en línea con el proyecto de ley que tiene planeado presentar el Gobierno nacional. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich propuso bajarla a 12 años.

En Argentina, los menores de 16 años no son punibles y no pueden ser juzgados y condenados por la Justicia penal. Hasta ese momento, pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados. Los adolescentes de entre 16 y 18 años solo son punibles si cometen delitos con penas mayores a dos años. Recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel.

Varios países de América, ante los reiterados hechos de inseguridad proseguidos de crímenes, se vieron obligados a cambiar la ley penal a diferencia de Argentina. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela establecieron la edad mínima de imputabilidad en 14 años. Mientras que, en Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Panamá, el límite es 12 años.

La baja de la edad de imputabilidad fue tema de debate en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) en la Legislatura neuquina. La discusión tuvo lugar a partir de una iniciativa de comunicación del diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) para que el Congreso de la Nación trate los proyectos que proponen modificar el régimen de responsabilidad penal juvenil. 

El legislador dijo que el proyecto apunta a “aquellos menores que en uso de conciencia y reconociendo los actos que hacen, cometen un asesinato” y citó el caso del homicidio del periodista Juan Caliani. “Yo no sé si la baja de la edad de imputabilidad va a resolver la cuestión; el tema es que hoy no lo sabemos porque la edad no se bajó”, analizó tras explicar que la propuesta busca “probar hacer algo que no hemos hecho”. Insistió en que la aplicación debe respetar todas las garantías constitucionales y aclaró que no está orientado a quienes “por travesura o necesidad roban un cajón de manzana”. “Hoy cualquier menor de edad puede venir a asesinar a cualquiera de nosotros y no tiene cargos”, afirmó. 

Desde el PTS-FIT-U, Andrés Blanco rechazó el proyecto y pidió que no se utilice como caso concreto el asesinato del joven periodista para fundamentar la iniciativa porque la posición de la familia sobre el tema es muy distinta. Dijo que los datos son categóricos al dar cuenta que la participación de menores en delitos es del 0,5% y lo contrastó con el de la niñez que se encuentra bajo la línea de pobreza, que alcanza el 60%. En ese sentido, remarcó que los problemas sociales tienen su origen en la ausencia del Estado y opinó que bajar la edad de imputabilidad como una prueba es “sumamente peligroso”. 

En sentido similar se pronunció la diputada Carina Riccomini (Juntos), quien hizo eje en la ausencia del Estado con políticas públicas que atiendan las necesidades de la niñez y la adolescencia. “Hacer visible a un menor cuando comete un delito no es la solución”, aseguró la legisladora y remarcó que “la estadística de niños y adolescentes que están en los barrios necesitando muchas cosas es mucho más alta”. “La elección de vida que tienen hoy ni siquiera es una elección de vida; es  una vida que les toca vivir y el Estado no llega”, expresó. 

Por el bloque UxP, el diputado Darío Martínez anticipó su rechazo al proyecto y se pronunció a favor de abordar las cuestiones de seguridad desde el debate presupuestario. Manifestó que hay un abanico de problemáticas que inciden en la inseguridad y calificó de erróneo tomar un caso específico para fundamentar el acompañamiento a una de baja de edad de punibilidad. 

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) enfatizó que la incidencia de los delitos cometidos por menores es muy baja y, si bien aclaró que no está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, consideró que “hay algo para discutir”. También acotó que las adicciones son un tema complejo y latente de abordar al advertir que una de las consecuencias es la ruptura de todos los lazos que tiene la persona con consumos problemáticos. 

Desde el MPN, la diputada Cielubi Obreque se expresó a favor de orientar el debate a la prevención y no a lo punitivo, y reclamó políticas públicas para abordar los problemas de inseguridad. Su compañero de bloque Claudio Domínguez opinó que la baja en la edad de punibilidad no implica una disminución del delito y recalcó la necesidad de trabajar sobre la prevención con inserción laboral, alimentación y capacitación. “No eligen ser delincuentes”, afirmó. 

La iniciativa permanecerá en comisión.