Provincia llamó a preservar el orden institucional y a mantener el diálogo con las comunidades indígenas
El Gobierno de la Provincia del Neuquén difundió un comunicado oficial en el que reafirma su compromiso con el diálogo y el respeto institucional en el marco del proceso de reconocimiento de comunidades originarias.
La respuesta surge tras las recientes acciones directas de cuatro comunidades indígenas, que generaron preocupación en distintos ámbitos políticos y sociales.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que “el ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad y la normativa vigente”. Y advirtieron que cualquier medida que tensione el orden social o implique una transgresión administrativa o penal podría derivar en la intervención de las autoridades judiciales.
En el comunicado, se destacó que en Neuquén 57 comunidades de pueblos originarios ya obtuvieron su personería jurídica, 10 de ellas en la última década y la más reciente en 2022. Este proceso se lleva adelante en el marco del convenio firmado en 2013 entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Gobierno provincial, con el objetivo de homogeneizar los requisitos para la inscripción legal de las comunidades.
“La supervisión de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas garantiza un análisis exhaustivo y transparente de cada solicitud, incluyendo comprobaciones de campo y consultas sobre la existencia, ubicación y tradiciones de las comunidades”, indicaron.
Asimismo, recordaron que la Ley Provincial 1284 establece canales administrativos claros para realizar peticiones, reclamos o revisiones, incluyendo la posibilidad de acudir a la instancia judicial en caso de ser necesario.
En su mensaje, el Gobierno neuquino reiteró su disposición al diálogo y a la construcción de consensos, pero pidió que todas las gestiones se encaucen por los canales institucionales disponibles.
“Invitamos a todas las comunidades a continuar el diálogo y a trabajar juntos para fortalecer el orden institucional y el bienestar de todos los habitantes de nuestra provincia”, concluye el comunicado.
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No es solo y mediante el diálogo y el consenso que se fortalece el orden institucional, como bien señala el comunicado oficial. La piedra angular del pacto democrático es la obediencia constitucional y el respeto cívico al marco legal vigente, al que estamos sometidos todos los argentinos, sin excepciones étnicas, culturales ni ideológicas.
Las comunidades mapuches tienen, sin duda, derechos que deben ser garantizados, pero como todo derecho, estos encuentran su límite en el respeto a las normas que rigen al conjunto de los ciudadanos, por eso, antes de reclamar derechos especiales, es imprescindible exigirles a las comunidades mapuches el cumplimiento del deber ciudadano básico: respetar las leyes de la Nación que los cobija y les reconoce derechos dentro de un marco institucional común. Solo así será posible construir un orden democrático donde la diversidad se integre sin fragmentar la soberanía ni socavar la justicia.