El Consejo Provincial de Educación presentó el protocolo de intervención ante situaciones conflictivas en escuelas

El Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie), dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE), dio a conocer el protocolo de actuación ante denuncias y situaciones conflictivas que puedan surgir en el ámbito escolar. El objetivo es brindar acompañamiento a las instituciones educativas y promover intervenciones adecuadas que prioricen el bienestar de las comunidades escolares.

Desde el equipo explicaron que, ante la aparición de un conflicto, el Eaopie se contacta de manera inmediata con la escuela involucrada para conocer el contexto y definir un abordaje conjunto, respetando las necesidades de los actores institucionales. En los casos donde ya hayan intervenido otros organismos —como la justicia, la policía o áreas de salud—, el equipo actúa con un protocolo de acompañamiento orientado a recuperar la normalidad y procesar lo sucedido dentro del ámbito escolar.

El procedimiento contempla una evaluación inicial o “mapeo de la situación”, donde se analizan los hechos y se elaboran diagnósticos de necesidades junto con el establecimiento. En ese proceso se establecen acuerdos de trabajo intersectoriales, que pueden incluir la participación de la Defensoría del Niño y Adolescente, efectores de salud o áreas gubernamentales vinculadas, con tiempos y objetivos definidos.

“El propósito es que la escuela recupere su potencia institucional del modo más sano posible”, señalaron desde el Eaopie, destacando que su tarea apunta a fortalecer los recursos existentes y a ofrecer marcos de referencia para que cada integrante del sistema educativo pueda retomar su función con herramientas renovadas.

Recomendaciones para la cobertura mediática

El equipo del CPE también difundió recomendaciones para los medios de comunicación y las comunidades educativas sobre el tratamiento responsable de este tipo de situaciones. Advirtieron que, en muchos casos, la forma en que se difunde la información puede vulnerar derechos, propiciar el prejuzgamiento o incluso revictimizar a niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, el Eaopie subrayó que la intervención de los adultos y las autoridades escolares debe regirse por la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de Niños y Adolescentes, que establecen la obligación de resguardar la identidad y los derechos de los menores de edad.

Asimismo, recordaron lo expresado por el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de La Plata (2013): “No es recomendable acudir primero a los medios para dar a conocer un conflicto, ya que puede generar complicaciones secundarias y reforzar la situación en el ámbito institucional.”

Finalmente, desde el equipo destacaron que es responsabilidad de las personas adultas, las instituciones y los medios de comunicación proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en cualquier hecho de conflicto o denuncia escolar, evitando exponerlos públicamente y priorizando siempre su integridad.