Desalojo inminente en Puerto Elma: la comunidad Paicil Antriao denuncia un quiebre en el diálogo

La reciente orden judicial que exige desalojar el camping ubicado al norte de Puerto Elma, en la costa del lago Nahuel Huapi, reactivó un conflicto territorial que lleva más de una década en Villa La Angostura. La notificación, emitida el jueves pasado, profundizó la incertidumbre en la comunidad mapuche Paicil Antriao, que considera la medida como una ruptura de toda instancia de diálogo.

La resolución, firmada por el juez Francisco Astoul Bonorino, otorga un plazo de cinco días para abandonar el predio conocido en los expedientes como “Quilla Hue”. Para la comunidad, el fallo no solo implica un trámite judicial, sino la reapertura de un litigio histórico que reclama territorialidad ancestral.

“Vamos a resguardar el lugar”

En declaraciones radiales, el lonko Damián Olivero cuestionó la decisión judicial y afirmó que la medida “quiebra cualquier instancia de negociación”. Sostuvo que ni la Justicia ni el Gobierno están ofreciendo soluciones de fondo:

“La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”.

Olivero también advirtió que la orden desconoce el relevamiento territorial que, pese a años de reclamos, continúa inconcluso. Ese estudio —inicialmente amparado por la Ley 26.160, que suspendía desalojos de comunidades indígenas— era considerado clave en todos los conflictos mapuches de la región. Su derogación a nivel nacional dejó a las comunidades sin esa protección.

Temor a un efecto dominó

El lonko alertó sobre la posibilidad de un efecto dominó en Villa La Angostura, donde existen numerosos conflictos entre propietarios privados, inmobiliarias y comunidades mapuches. Aseguró que la resolución podría acelerar otros desalojos “en vías de concretarse” en distintos puntos de la localidad.

Aunque no confirmaron una convocatoria masiva, desde el Lof informaron que ya hay presencia activa de integrantes y familias en el predio, como forma de resguardo ante una eventual intervención policial. Otras comunidades de la zona declararon estado de alerta.

“No buscamos el conflicto, pero sí evitar un desalojo forzado”, señaló Olivero, recordando antecedentes de operativos “muy violentos” en Villa La Angostura.

Un conflicto sin cierre judicial

El camping Quilla Hue es reclamado por la comunidad como territorio ancestral, aunque la Justicia ha emitido fallos en sentido contrario. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que el predio debe ser restituido al municipio de Villa La Angostura. Durante 2025 hubo nuevos intentos de desalojo, frenados por apelaciones mientras organismos de derechos humanos y universidades insistían en culminar el relevamiento territorial.

La ausencia de ese relevamiento, sumada a la pérdida de la protección que otorgaba la Ley 26.160, dejó un vacío que hoy agrava la tensión.

Qué puede pasar ahora

Con el plazo judicial corriendo, la comunidad permanece en vilo. Sin una nueva instancia de mediación —como la impulsada este año por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, para garantizar protocolos de resguardo de adultos mayores, niños y adolescentes—, la posibilidad de un operativo policial es real.

La comunidad sostiene que mantiene la apertura al diálogo, pero asegura que no abandonará el territorio. Mientras tanto, la Justicia mantiene firme su decisión, generando un escenario delicado con potencial impacto en toda la región.

Villa La Angostura: múltiples conflictos y propietarios en disputa

La situación del Lof Paicil Antriao es solo una parte de un mapa mucho mayor: al menos 12 conflictos de reivindicación territorial se encuentran judicializados en Villa La Angostura, algunos escalando hasta el TSJ y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los numerosos propietarios que litigan por hectáreas en disputa se encuentran:

• Lorenzo Ángel García Miglione: reclama 6,39 hectáreas.
• Manu Ginóbili: mantiene un juicio por 12,47 hectáreas.
• Federico Horacio Sommariva: sostiene la propiedad de 1 hectárea.
• María Alastenia Barría: reclama 10,99 hectáreas.
• Juan Antonio Pérez Calvo, Pablo Ariel Caffe, María Ramona Raviol y Marcelo Corvalán: comparten 4,93 hectáreas.
• Néstor Martín Bianchini y Jorge Emilio Bernardini: poseen 4,03 hectáreas.
• William Henry Fisher: propietario de dos parcelas que suman 14,5 hectáreas.
• Juan Miguel Valdivia, Raúl y Enrique Álvarez, Oscar y Nélida Nora Valdivia, y Ricardo Ernesto Valdivia: titulares de 99,99 hectáreas.
• Otros propietarios con superficies menores incluyen a Margareta Theresa Hofer, Gabriel Fernando Cedrote y Rodolfo Aníbal Ocampo.
• También los hermanos José Leonardo Antonio, Josefina Elvira y Hilda Raquel Salamida, con 21,59 hectáreas en partes iguales.

La combinación de fallos dispares, reclamos privados y relevamientos inconclusos conforma un panorama frágil que vuelve cada medida judicial un potencial punto de quiebre.