Piden tres años y medio de prisión para un hombre condenado por agredir y amenazar a su expareja

Durante un juicio de cesura realizado la semana pasada, el fiscal Hernán Scordo solicitó que se imponga una pena de 2 años y 10 meses de prisión efectiva a D.A.C., un hombre declarado responsable por agredir y amenazar a su expareja en octubre de 2024 en nuestra ciudad.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se revoque una condena previa de 2 años de prisión en suspenso que el imputado tenía por un hecho similar, y que ambas sanciones se unifiquen en una pena única de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Scordo argumentó que, para definir el monto de la pena, consideró como circunstancias agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima, los antecedentes penales del acusado y la violencia de género ejercida durante los ataques.

La resolución del juez

El juez Ignacio Pombo, encargado de dirigir la audiencia, resolvió finalmente imponer 1 año y 2 meses de prisión efectiva y revocar la condena anterior, unificando ambas en una pena única de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Los delitos por los que D.A.C. fue declarado penalmente responsable —en un juicio realizado también por el mismo magistrado en octubre pasado— son lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos) y amenazas simples, todos en concurso real y en carácter de autor.

El nombre del condenado se mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Los hechos acreditados

Según la teoría del caso que la fiscalía logró acreditar durante el juicio de responsabilidad, el 13 de octubre de 2024, en San Martín de los Andes, tras una discusión, el acusado tomó del antebrazo a la víctima —quien había sido su pareja— y le provocó un hematoma.

Al día siguiente, durante un nuevo episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.

La fiscalía le atribuyó tres hechos: dos episodios de lesiones leves agravadas por el vínculo y la violencia de género, y uno de amenazas simples. Durante el debate también se planteó un posible delito de desobediencia a una orden judicial, que finalmente no fue considerado probado por el juez.