Pulmarí: denuncian venta ilegal de tierras públicas y apuntan a una red de empresarios y funcionarios

Pulmarí volvió a quedar en el centro de la escena pública neuquina, esta vez por una denuncia que expone un entramado de presuntas irregularidades vinculadas a la venta clandestina de tierras públicas, construcciones prohibidas y daño ambiental en una de las reservas más sensibles de la provincia. La investigación involucra a compradores de alto poder adquisitivo, entre ellos empresarios, comerciantes de relevancia regional y actores con peso institucional.

La gravedad del caso quedó confirmada luego de que la Corporación Interestadual Pulmarí informara que terrenos ubicados dentro de las más de 113 mil hectáreas que administra fueron comercializados de manera ilegal. Desde el organismo remarcaron que jamás se vendieron tierras y que los títulos dominiales pertenecen al Estado. Lo único que existe, explicaron, son concesiones temporarias otorgadas por concurso público, con plazos, cánones y obligaciones específicas.

Así lo señaló en diálogo con LU5 el presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí y lonko mapuche, Daniel Salazar, quien afirmó que la maniobra podría haber afectado a unas 100 personas que adquirieron lotes sin verificar la situación dominial. “El que compró fue estafado; debe reclamarle a quien le vendió, no a la Corporación”, sostuvo.

La investigación interna se inició tras reiterados reclamos de comunidades mapuches y pobladores de la zona, que advirtieron sobre movimientos sospechosos, loteos irregulares y un avance acelerado de construcciones en áreas protegidas. A partir del relevamiento se detectaron viviendas levantadas en sectores donde la Ley de Bosques lo prohíbe, edificaciones emplazadas a escasa distancia de cursos de agua y alambrados destinados a consolidar una falsa idea de propiedad privada.

Pulmarí comprende unas 113 mil hectáreas en la cordillera neuquina, en los alrededores de Aluminé, y constituye una de las reservas más importantes del sur provincial. En el territorio conviven comunidades mapuches, pobladores históricos y actividades productivas y turísticas, bajo un esquema donde la tierra es pública y su administración apunta a la preservación del interés colectivo. “Nuestra función es custodiar bienes públicos, no hacer negocios inmobiliarios”, enfatizó Salazar.

El conflicto también dejó al descubierto una trama política de mayor profundidad. Según indicó el presidente de la Corporación, entre los compradores figuran empresarios petroleros, grandes comerciantes y personas con vínculos institucionales, cuyos nombres se encuentran bajo análisis judicial. Desde el organismo señalaron que el negocio ilegal no se sostuvo en la marginalidad, sino en relaciones de poder y prácticas naturalizadas al margen de la ley.

Lejos de retroceder, la Corporación resolvió paralizar obras, desmontar estructuras recientes y dar intervención a la Justicia para que determine responsabilidades. Desde el organismo fueron categóricos al señalar que no habrá regularización de situaciones originadas en hechos ilegales y que el Estado no convalidará una estafa sobre tierras públicas.

La situación derivó además en tensiones, campañas de desinformación en redes sociales y ataques personales contra funcionarios y trabajadores del ente. Frente a ese escenario, la respuesta institucional fue avanzar con la documentación de los hechos y respaldar las decisiones en el marco legal vigente.

La conducción de la Corporación recibió el respaldo de comunidades mapuches, cuyos referentes ratificaron su acompañamiento a la investigación, en línea con denuncias históricas realizadas desde la década del 90 sobre el avance del negocio inmobiliario en la zona. También los municipios de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue expresaron su apoyo, al advertir que la ilegalidad y el daño ambiental impactan de forma directa en la economía regional y en la credibilidad institucional.

La causa se encuentra en una etapa inicial y continúa bajo análisis judicial, mientras avanzan las actuaciones administrativas y las medidas de control en el territorio.