La Justicia provincial seguirá investigando a una banda narco en nuestra ciudad

El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad que la Justicia provincial es competente para continuar la investigación contra una banda integrada por nueve personas, acusadas de comercializar estupefacientes en nuestra ciudad.

La resolución ratificó lo actuado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes sostuvieron que el caso debía permanecer en el ámbito provincial y no pasar a la Justicia federal, como había solicitado la defensa de parte de los imputados.

La investigación y la estructura de la banda
Según la teoría del caso presentada por la fiscalía en noviembre de 2025, ocho varones y una mujer integraban una organización que operó al menos entre junio y agosto de ese año, con una clara división de tareas para la venta de droga al consumidor final.

El liderazgo era ejercido por L. F. T., quien impartía órdenes desde su lugar de detención en la Comisaría Quinta de Centenario.

Desde allí coordinaba envíos y cobros a través de S. A. C. y M. J. S., quienes se trasladaban hasta San Martín de los Andes para entregar las sustancias a D. A. A.

Este último actuaba como organizador local: recibía la droga, la distribuía entre los vendedores y concentraba la recaudación.

Para el movimiento de dinero, la banda utilizaba cuentas de Mercado Pago a nombre de D. A. A. y de H. O. R., quien además colaboraba con la contabilidad.

La organización contaba con puntos de venta —denominados “kioscos”— en los barrios Gobernadores Neuquinos y Chacra 30, operados por M. M. B., J. A. L. y M. A. M.

La investigación, desarrollada en conjunto con la Policía provincial, permitió establecer que uno de los imputados, M. M. B., concretó al menos 63 operaciones de venta en poco más de un mes, generando ingresos superiores a 1,8 millones de pesos.

También fue imputada C. I. V., acusada de haber facilitado su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos, entre el 31 de julio y el 20 de agosto de 2025, para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

A los nueve acusados se les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores. En algunos casos, la imputación incluye además la figura de tenencia con fines de comercialización.

El planteo de la defensa

La defensa impugnó la formulación de cargos al sostener que la descripción de los hechos —que incluía transporte y distribución— correspondía a delitos de competencia federal y no al microtráfico desfederalizado, que es de jurisdicción provincial.

En particular, la defensa de D. A. A. argumentó que mantener la causa en la órbita provincial afectaba la garantía del juez natural y el derecho de defensa, ya que el imputado posee legajos abiertos en la Justicia federal de Zapala.

La decisión del Tribunal

El tribunal integrado por los jueces Nazareno Eulogio, Liliana Deiub y Estefanía Sauli declaró admisible la impugnación, pero rechazó los planteos de la defensa y confirmó la competencia provincial, tal como lo había resuelto el juez de garantías Maximiliano Bagnat al avalar la formulación de cargos.

En sus fundamentos, los magistrados coincidieron con el fiscal Ávila en que la organización, pese a su división de roles, se dedicaba al último eslabón de la cadena de comercialización.

“No se está investigando un delito que no sea el de los últimos eslabones de la cadena”, señalaron, y destacaron que ese aspecto es el que fue desfederalizado y corresponde a la competencia de la provincia de Neuquén.

También indicaron que la descripción fáctica realizada por la fiscalía se adecúa a la calificación legal, por lo que la causa debe continuar en el ámbito provincial.

El tribunal desestimó además el planteo sobre una eventual afectación del derecho de defensa de D. A. A., al advertir que en los expedientes federales no hubo avances procesales ni llamados a indagatoria en los últimos dos años.

Por el contrario, remarcaron que remitir la causa al Juzgado Federal de Zapala —ubicado a más de 200 kilómetros— podría perjudicar a la mayoría de los imputados, quienes residen en San Martín de los Andes y cuentan con defensa local.

Con este fallo, el Ministerio Público Fiscal quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa final de la investigación, prevista en principio para marzo próximo.