Más cámaras, menos delitos: la propuesta que abre debate sobre seguridad y privacidad

Una nueva iniciativa legislativa propone avanzar en la instalación de sistemas de videovigilancia en instituciones con el objetivo de reforzar la seguridad mediante herramientas de monitoreo con fines preventivos y disuasivos, garantizando al mismo tiempo el respeto por la intimidad, la dignidad y la protección de datos personales.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, la medida apunta a incorporar tecnología “concreta y moderna” para prevenir delitos, desalentar conductas violentas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

“Se prioriza siempre la protección de las personas por sobre cualquier otro fin”, sostienen sus autores.

La propuesta establece la obligatoriedad de instalar dispositivos en instituciones públicas, mientras que para el ámbito privado prevé un esquema de adhesión voluntaria acompañado de incentivos.

Entre ellos, se contemplan beneficios impositivos, asistencia ante alertas y bonificaciones en los servicios de conectividad para el transporte de datos vinculados a la seguridad.

En cuanto a la implementación, las cámaras podrán colocarse en espacios comunes como pasillos, patios, salas de espera y áreas de atención al público.

Sin embargo, el proyecto prohíbe expresamente su instalación en lugares que puedan afectar la intimidad de las personas, como baños, vestuarios, consultorios médicos y aulas durante el dictado de clases.

Además, excluye el uso de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, especialmente en el caso de menores de edad.

El sistema estará articulado con el centro de monitoreo provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El acceso a las imágenes quedará restringido a autoridades específicas, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, en el marco de investigaciones penales.

Asimismo, se fija un plazo máximo de conservación de las grabaciones de 30 días, con eliminación automática salvo requerimiento judicial.

El proyecto se enmarca en una línea de políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad en espacios donde circulan diariamente estudiantes, pacientes y trabajadores, y se vincula con antecedentes como la Ley Provincial Nº 3522, que aborda la prevención de situaciones de violencia institucional.

Entre los argumentos, se destaca que la incorporación de sistemas de videovigilancia puede contribuir a disuadir hechos de violencia, vandalismo y robos, además de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

También se señala que las grabaciones podrían resultar clave para el esclarecimiento de hechos tanto en el ámbito judicial como administrativo.

Finalmente, la iniciativa remarca la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de reforzar la seguridad y la protección de los derechos individuales, mediante la fijación de límites claros en el uso de la tecnología, protocolos de acceso a la información y mecanismos de resguardo de datos personales.