Tolerancia cero al maltrato animal: presentan un proyecto para multar e inhabilitar a infractores en Neuquén

Los diputados provinciales Matías Martínez y Yamila Hermosilla, integrantes del bloque Comunidad, presentaron un proyecto de ley que busca implementar un régimen administrativo y contravencional para prevenir y castigar el maltrato, el abandono y la crueldad animal en la provincia de Neuquén.

​La iniciativa contempla la creación del Registro Provincial de Infractores por Maltrato y Crueldad Animal (RPIMCA). En este padrón —que será público y podrá consultarse tanto de forma presencial como electrónica— se inscribirá a las personas con condenas por la Ley Nacional N° 14.346 y a quienes reciban sanciones administrativas firmes por faltas graves o muy graves.

​Para aquellas conductas que no configuren delitos penales, el proyecto establece una tipificación clara. Se consideran faltas graves el abandono, la falta de alimentación adecuada, el incumplimiento de pautas sanitarias y la omisión de asistencia veterinaria. Por su parte, las infracciones muy graves incluyen la reincidencia en estas faltas, la explotación comercial en condiciones de maltrato y las lesiones causadas por negligencia grave.

​Las penalidades fijadas abarcan multas económicas, la realización de trabajos comunitarios e inhabilitaciones temporarias para tener, cuidar o adoptar animales. Además, quienes figuren en el registro no podrán desempeñarse como responsables de refugios, criaderos, centros de adiestramiento ni establecimientos comerciales afines. Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, la norma crea el Certificado Provincial de Libre Registro, un documento que será exigido al momento de tramitar adopciones o habilitar comercios del rubro.

​Los legisladores fundamentaron que la propuesta busca complementar el marco penal vigente con herramientas administrativas eficaces para evitar la reincidencia. Asimismo, el texto incorpora la realización obligatoria de cursos de tenencia responsable para los infractores y promueve el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, los municipios y las organizaciones protectoras de animales.