Recortan prestaciones sociales y crecen las consultas en salud

Trabajadoras de la salud pública de Neuquén y usuarias de los servicios realizaron una olla popular frente a la Casa de Gobierno provincial el 13 de agosto para denunciar el recorte y la demora en el pago de prestaciones económicas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. El reclamo apunta al Gobierno de Rolando Figueroa por el incumplimiento de leyes provinciales que garantizan esos apoyos.

Qué prestaciones están en riesgo

Las trabajadoras sociales denuncian que los aportes económicos gestionados para personas que atraviesan situaciones de salud, violencia de género, problemáticas de salud mental y vulneración de derechos no se están pagando con regularidad. Luciana Bravo, trabajadora social del Centro de Salud Valentina Norte Rural, señaló que pese a diversas gestiones formales e informales, la única respuesta recibida fueron circulares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano que, según indicó, endurecieron los requisitos de acceso a esas prestaciones. Además, sostuvo que los aportes se aprueban por períodos de tres meses y en algunos casos no admiten renovación.

Bravo indicó que los informes elaborados por trabajadoras sociales y psicólogas son auditados por un equipo del Ministerio, que tiene la potestad de autorizar o rechazar cada solicitud. Remarcó que ese circuito impacta directamente en las condiciones de vida de quienes dependen de ese ingreso como único sustento.

El impacto en las familias más vulnerables

Natalia López, trabajadora social del Centro de Salud San Lorenzo Norte, afirmó que el incumplimiento en el pago de aportes ya evaluados y aprobados por equipos técnicos afecta de manera directa la alimentación y el pago de alquileres de las personas beneficiarias. «Consideramos una negligencia y un abandono por la población más vulnerable», sostuvo.

López detalló que entre quienes solicitan estas prestaciones se encuentran personas con discapacidad y familias con niños y niñas que no pueden incorporarse al mercado laboral formal, y que en varios casos enfrentan riesgo de desalojo y de quedar en situación de calle.

Por su parte, Bravo señaló que la crisis económica profundiza la desigualdad y eleva exponencialmente las consultas en los servicios psicosociales, mientras los equipos de salud no cuentan con módulos de alimentos ni tarjetas alimentarias para dar respuesta a esa demanda creciente.

Qué piden las trabajadoras de salud

Las trabajadoras convocaron a la comunidad a movilizarse frente a la Casa de Gobierno y a exigirle al gobernador Rolando Figueroa la regularización de los pagos y el cumplimiento de las leyes provinciales vigentes. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno provincial no había emitido una respuesta pública a los reclamos planteados.