Alerta por las tierras en la Patagonia: el Gobierno acordó restablecer las restricciones
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) acordó con sectores aliados restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un giro político que modificó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El entendimiento se alcanzó en la Cámara de Diputados, durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo incorporó dos artículos destinados a recuperar la vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La decisión se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera, mediante una medida cautelar interina, la restitución provisoria de esa normativa, que había sido derogada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El acuerdo también permitió al oficialismo avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto, cuyo tratamiento en el recinto fue previsto para el próximo 21 de octubre. Si Diputados aprueba el texto con las modificaciones, deberá regresar al Senado para su revisión.
Qué límites volverían a regir
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina.
Entre sus principales disposiciones contempla:
- Un límite del 15%: las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar ese porcentaje de titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
- Restricciones por nacionalidad: una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras rurales habilitado para extranjeros.
- Protección de recursos hídricos: establece restricciones para adquirir determinados inmuebles rurales que contienen cuerpos de agua de envergadura.
- Zonas de frontera: contempla limitaciones para la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza.
El nuevo dictamen incorpora un artículo para dejar sin efecto la disposición del DNU que había derogado la normativa y otro para restablecer la plena vigencia de la ley.
Por qué el tema tiene relevancia para la Patagonia
La discusión adquiere particular importancia en la Patagonia, una región caracterizada por la presencia de grandes extensiones rurales, recursos naturales estratégicos, lagos, ríos y áreas de frontera.
En San Martín de los Andes y la región de los Lagos del Sur, el debate sobre la propiedad de la tierra se vincula con cuestiones como la protección de los recursos naturales, el acceso a las tierras rurales y la planificación territorial.
La normativa no implica una prohibición general para que extranjeros compren propiedades en la Argentina, sino que establece límites y condiciones específicas para la titularidad de tierras rurales.
Por eso, el alcance de las restricciones debe analizarse de acuerdo con las características de cada inmueble y las disposiciones legales aplicables.
La negociación política detrás del acuerdo
La incorporación de los artículos fue impulsada en comisión por el diputado radical Diógenes González, en una negociación que permitió acercar posiciones entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios.
El oficialismo buscó alcanzar un acuerdo con los sectores que rechazaban la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales, pero que tampoco pretendían avanzar con la derogación integral del DNU 70/2023.
Desde la oposición, la diputada Paula Penacca cuestionó el cambio de postura del Gobierno y señaló la contradicción entre la decisión original de eliminar la Ley de Tierras y el nuevo acuerdo para restablecerla.
La negociación se desarrolló en la antesala de una sesión impulsada por sectores opositores para tratar el rechazo del decreto desregulador.
Qué puede pasar ahora
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será tratado en la Cámara de Diputados el 21 de octubre. Hasta que se complete el trámite legislativo correspondiente, la restitución definitiva de la Ley de Tierras dependerá de la aprobación de las modificaciones y de su revisión por el Senado.
Mientras tanto, la decisión vuelve a instalar en la agenda política nacional una discusión central para las provincias patagónicas: cómo compatibilizar el régimen de propiedad privada con la regulación de la titularidad extranjera de tierras rurales y la protección de determinados recursos estratégicos.
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