Reforma de salud mental: advierten sobre el dictamen del Senado

El dictamen de mayoría sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, aprobado por las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado, recibió cuestionamientos de organizaciones que siguen el tema. Sostienen que habilita internaciones involuntarias con criterios poco claros, debilita los controles sobre esas internaciones y se aparta de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Qué cambiaría para las personas internadas

Según el análisis difundido, el texto permitiría que una persona sea privada de su libertad sobre la base de situaciones hipotéticas o de antecedentes de su historia clínica, aun cuando no exista un riesgo actual o inminente.

También se habilitarían las internaciones por teleconsulta, algo que, advierten, crea el riesgo de evaluaciones de baja calidad. Además, toda internación requeriría la firma de un médico, y un solo profesional podría disponerla: el equipo interdisciplinario recién la revisaría hasta 48 horas después.

Menos controles judiciales y del Órgano de Revisión

Los cuestionamientos señalan que el dictamen reduce las facultades judiciales de control en las internaciones involuntarias y en las voluntarias que se prolongan más de 60 días. Además, quita al Órgano de Revisión Nacional (ORN) la potestad de apelar las decisiones de la Justicia y elimina de ese órgano la participación de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

El ORN y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) vienen denunciando desde hace años situaciones de violencia y malos tratos en este ámbito.

Hospitales psiquiátricos: la discusión sobre los «manicomios»

El dictamen prohíbe crear nuevos «manicomios», pero mantiene la posibilidad de abrir instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental. Para quienes lo critican, sin un criterio que distinga ambas figuras, el cambio es de nombre y no de enfoque, y reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico en detrimento del abordaje comunitario.

Señalan, además, que el texto desplaza el trabajo interdisciplinario hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico.

Qué dicen sobre los tratados internacionales y las provincias

De acuerdo con el análisis, la propuesta se aparta de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de los lineamientos del comité que supervisa su aplicación y de los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantean avanzar en la desinstitucionalización psiquiátrica y desarrollar sistemas de apoyo para vivir en la comunidad. Aclaran que el dictamen de minoría, también aprobado en las comisiones, tampoco cumple esas obligaciones y representa un retroceso respecto de la ley vigente.

Las organizaciones indicaron que informaron a los gobernadores sobre los posibles impactos locales. Según plantean, volver al modelo centrado en el hospital psiquiátrico podría aumentar el gasto provincial en salud mental sin mejorar los resultados y abrir frentes de judicialización, ya que las provincias también están obligadas a cumplir la CDPD, conforme a su artículo 4.5. Remarcaron, asimismo, que el dictamen se aprobó sin escuchar a las personas usuarias de los servicios, lo que contradice el artículo 4.3 de la Convención.

Cómo llegó el proyecto al Senado

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma al Congreso el 17 de abril. Desde entonces circularon distintas versiones; la última fue discutida el 15 de octubre en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado. Según los cuestionamientos, ninguna modificó la esencia de la iniciativa original. Las organizaciones también habían advertido sobre el proyecto a las Relatorías Especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, el análisis reconoce déficits en la implementación de la ley vigente, que atribuye a la falta de voluntad política y a que nunca se destinaron los fondos necesarios para crear servicios alternativos al hospital psiquiátrico. Su propuesta es garantizar la plena implementación de la norma actual.