Buscan bloquear celulares clandestinos en cárceles de Neuquén

Una diputada neuquina presentó dos proyectos en la Legislatura para impedir que personas privadas de su libertad usen teléfonos ingresados ilegalmente a los penales para cometer estafas, extorsiones y amenazas contra ciudadanos desde adentro de las celdas. La iniciativa podría beneficiar directamente a vecinos de toda la provincia, incluida la región de San Martín de los Andes.

Brend Buchiniz, legisladora del bloque Cumplir, impulsó un proyecto de ley para que Neuquén adhiera al programa nacional de detección y bloqueo de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios, y un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial sobre las medidas actuales para frenar el ingreso de celulares a las cárceles.

El riesgo concreto: delitos coordinados desde las celdas

«Una persona puede estar privada de su libertad y, sin embargo, seguir cometiendo delitos desde una celda si tiene acceso irrestricto a un teléfono celular», sostuvo Buchiniz. La legisladora señaló que los dispositivos ingresados de forma irregular permiten organizar estafas, amenazas y extorsiones contra personas que están fuera de las unidades penitenciarias.

Según indicó, las requisas tradicionales resultarían insuficientes frente a equipos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar. «No podemos permitir que las cárceles se conviertan en lugares desde donde se organizan estafas, amenazas o extorsiones contra ciudadanos que están afuera», afirmó.

Cómo funciona el sistema de bloqueo propuesto

El proyecto propone que Neuquén adhiera al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la Resolución 806/2026. El mecanismo identifica dispositivos activos dentro de zonas restringidas a partir de dos códigos técnicos: el IMEI, que individualiza el equipo, y el IMSI, que identifica la tarjeta SIM. Una vez detectados, los datos se remiten a las autoridades nacionales y a las empresas de telecomunicaciones para gestionar el bloqueo del dispositivo, la tarjeta y la línea asociada.

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad provincial será la autoridad de aplicación y faculta al Poder Ejecutivo a firmar los convenios necesarios con la Nación. Prevé una implementación progresiva sin crear nuevas estructuras administrativas.

Sin interferencia en comunicaciones de vecinos ni interceptación de llamadas

Según el texto del proyecto, la tecnología operaría únicamente dentro de los perímetros autorizados, sin afectar las comunicaciones de vecinos, comercios o personas que circulen por las inmediaciones de los penales. Tampoco habilitaría la interceptación ni el acceso al contenido de comunicaciones privadas fuera de los procedimientos legales. El proyecto preserva además las comunicaciones legalmente autorizadas de las personas privadas de la libertad e incluye mecanismos de auditoría y protección de datos.

«Hoy existe una herramienta para detectar y bloquear estos dispositivos en cárceles federales. Neuquén tiene la posibilidad de incorporarse y sumar tecnología a los controles penitenciarios», indicó Buchiniz.

Plazos e información al Ejecutivo

Si la ley se aprueba, el Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura sobre las gestiones existentes dentro de los primeros 15 días de vigencia, e iniciar o continuar las acciones para incorporarse al programa en un plazo de 60 días. También deberá procurar asistencia técnica y financiera de la Nación e informar el costo estimado y las fuentes de financiamiento antes de implementar el sistema.

En paralelo, el pedido de informes apunta a conocer qué acciones lleva adelante actualmente el Gobierno provincial para prevenir el ingreso de celulares a los establecimientos penitenciarios. Ambas iniciativas aguardan tratamiento en la Legislatura neuquina.