Se presentó en fiscalía una ampliación de la denuncia penal que complica aún más a funcionarios y miembros de la CIAP

El pasado viernes por la mañana dos de las tres autoridades del Concejo Deliberante presentaron en Fiscalía una ampliación de la denuncia penal que oportunamente se realizó en las oficinas judiciales de nuestra ciudad. En esta oportunidad quienes firmaron la presentación fueron Sergio Winkelman y María de las Nieves Aquin, presidente y vicepresidente 1° respectivamente, del Concejo Deliberante.

Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre las tres autoridades máximas del Concejo realizaron una denuncia penal contra tres funcionarios municipales -Marcelo Sánchez, Saúl Castañeda y Juan Manuel Mansilla- y tres miembros de la Comisión de Interpretación y Auto composición Paritaria (CIAP), quienes firmaron las actas, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público. El motivo fue para avalar el pago de horas habituales como horas extras generando un gasto extraordinario de más de 40 millones de pesos que salieron de las arcas municipales.

El documento presentado este viernes manifiesta que -a criterio de los denunciantes- hubo motivaciones que «llevaron a concretar la falsificación de las actas para ocultar hechos que determinaron el perjuicio económico que ha alcanzado al erario municipal en virtud del pago a cierto grupo de empleados municipales de horas normales trabajadas como horas extras al 50%».

La ampliación de la denuncia hace referencia a que son argumentos falsos los declarados por los denunciados, sobre los «errores de tipeo» en las actas presuntamente falsificadas.

El análisis detallado del documento presentado es:

1 – «La CIAP carece de competencia jurídica para manifestarse con relación a aspectos salariales, sean estos fijación de bases remunerativas, pagos de adicionales por horas extras o bonos de cualquier tipo».

2 – «Por el dictado de las Resolutorias Interlocutorias N° 07 de fecha de Abril de 2017 -y la N° 10 de fecha de 9 de agosto de 2018-, ambas libradas por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, se encuentra suspendida la vigencia de los artículos 9 segundo párrafo; 10 tercer párrafo; 11 tercer párrafo; 12 tercer párrafo del Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 10.333, en cuanto disponen: «Sus decisiones tendrán carácter vinculante y resolutivo, siendo emitidas en forma conjunta mediante el dictado del instrumento correspondiente».

3 – El Poder Ejecutivo Municipal y el gremio Asociación de Trabajadores del Estado -a través de su responsable local, Sr. Segundo Nemesio Andrade- se encuentran debidamente notificados de ambas resoluciones interlocutorias.

4 – El Poder Ejecutivo Municipal se ha allanado al planteo de inconstitucionalidad de diversos artículos (antes mencionados) del Convenio Colectivo de Trabajo creado por la Ordenanza Municipal N° 10.333, razón por la cual el actual Ejecutivo no puede alegar que a los fines del pago de horas normales trabajadas como si fueran horas extras al 50%, se contó con lo resuelto por la CIAP y atento al «carácter vinculante y resolutivo» de sus resoluciones.

5 – Toda invocación de los hoy denunciados han realizado del carácter «vinculante y resolutivo» de las actuaciones de la CIAP en el pago de horas normales como horas extras al 50% carecen de sustento jurídico y en consecuencia, al no existir ningún acto administrativo previo y válido que respalde los pagos salariales en los términos indicados, estos son ajenos a derecho, toda vez que desconocen la atribución del Concejo Deliberante dictada en la Carta Orgánica Municipal, cual es aprobar el Régimen de Empleo Público Municipal, el escalafón y los conceptos que integran el régimen de remuneraciones de los empleados municipales (Artículo 45, inciso 10).

6 – De la redacción del Acta de la CIAP N° 7 de fecha 3 de junio de 2020, además de la incongruencia emergentes del segundo párrafo, surgen otros elementos que indican que dicha acta efectivamente se redactó en la fecha indicada.

7 – El objetivo final de la falsificación denunciada fue ocultar las ilegítimas maniobras administrativas que finalmente permitieron el pago de las abultadas sumas de dinero en concepto de retribución salarial de horas normales trabajadas como horas extras al 50%, configurando el enorme daño patrimonial al erario municipal, materializando el perjuicio que requiere el tipo penal del Artículo 293 del Código Penal».

Lo que se intenta establecer en la denuncia, además de los datos que comprueban que las actas fueron falsificadas o escritas 52 días después, es que la decisión de pagarse las horas habituales como horas extras el Ejecutivo las hizo basándose en artículos del Convenio Colectivo de Trabajo que estaban suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Allí se mencionan como vinculante y resolutivo las decisiones que se tomen en la CIAP, sin embargo obviaron los funcionarios que el TSJ había suspendido dichos artículos, cuando en la gestión de Brunilda Rebolledo (que integraba el actual intendente) se denunció la inconstitucionalidad de los mismos.

Pese a ello, el documento presentado en la Justicia además menciona que «entre las competencias que la Ordenanza N° 10.333 dota a la CIAP, no contempla -siquiera en forma esquiva o diluida- que ésta pudiera manifestarse con relación a aspectos salariales, sean estos fijación de bases remunerativas, pagos de adicionales por horas extras o bonos de cualquier tipo, por lo que más allá de la suspensión del carácter vinculante, jamás la CIAP pudo emitir resolución alguna de carácter salarial/remunerativo como los denunciados esgrimen cual fundamento legal del pago de horas normales como horas extras».

La lectura que se hace respecto de esta ampliación de la denuncia, la cual no firmó en esta oportunidad el concejal y vicepresidente 2° Martín Rodríguez, es que la decisión política del Ejecutivo de desembolsar casi 40 millones de pesos desde el 20 de marzo hasta el 1° de septiembre, para abonar horas habituales como horas extras, fue tomada unilateralmente, sin entender que los fundamentos en los cuales se apoyaron carecen de legalidad.

Hasta el momento se desconoce si desde Fiscalía la denuncia en su totalidad continúa su camino, si se realizarán indagatorias o si se desestima la misma.

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