Violencia en escuelas neuquinas: el CPE rechaza suspender clases

El Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) se reunió en sesión extraordinaria el jueves para pronunciarse sobre la creciente ola de amenazas y situaciones de violencia registradas en escuelas de la provincia, tanto en la capital como en distintas localidades del interior. El organismo reafirmó que las aulas deben permanecer abiertas y que la suspensión de clases no es la respuesta adecuada.

El CPE descarta suspender clases y apuesta al abordaje pedagógico

El Cuerpo Colegiado, presidido por Glenda Temi, sostuvo que es necesario llevar adelante un abordaje pedagógico situado —no punitivo ni exclusivamente legal— de los hechos que alteran el normal desarrollo escolar. En ese sentido, se comprometió a elaborar una Guía de Abordaje ante situaciones de amenazas o violencia, destinada a todos los niveles educativos, que promueva la convivencia democrática y habilite jornadas de reflexión y sensibilización como alternativa a la suspensión de actividades.

El organismo también instó a fortalecer el trabajo interministerial e interinstitucional, subrayando que la escuela sigue siendo el espacio más seguro para los y las estudiantes.

Familias y redes sociales, en el centro del debate

El ministerio de Educación provincial apeló a la corresponsabilidad social frente a estos episodios. En particular, señaló la importancia de que las familias tomen conciencia sobre los hábitos digitales de niños, niñas y adolescentes y la influencia que ejercen las redes sociales en ese grupo etario.

Desde la cartera educativa se destacó que los equipos del ministerio y del CPE ya cuentan con herramientas y dispositivos para el abordaje de este tipo de situaciones, y que el foco debe estar puesto en escuchar a los y las estudiantes y comprender las demandas que expresan.

Pedido a los medios de comunicación

El Cuerpo Colegiado también exhortó a los medios a actuar con especial responsabilidad cuando las situaciones involucren a menores de edad: corroborar fuentes, cuidar el lenguaje, evitar conclusiones apresuradas y resguardar la integridad y los derechos de todas las personas involucradas. El objetivo, indicaron, es prevenir la revictimización y desalentar enfoques sensacionalistas, desde una perspectiva de derechos humanos.