Presentan un proyecto de ley provincial para regular el precio y los plazos de los alquileres

Frente a la creciente crisis habitacional y los efectos del mercado inmobiliario desregulado, el diputado provincial César Parra (PTS-FIT-U) ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca regularizar los contratos de alquiler destinados a vivienda única y permanente en todo el territorio neuquino.

​La iniciativa apunta a brindar previsibilidad y fijar un marco de condiciones contractuales equitativas para los inquilinos, estableciendo restricciones a los aumentos y garantías en la extensión de las locaciones.

​Tres años de plazo y aumentos con tope anual

​Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la fijación de un plazo mínimo legal de tres años para los contratos de alquiler habitacional. Según el articulado, cualquier cláusula estipulada por un tiempo menor será considerada nula.

​En lo relativo al valor del alquiler y sus actualizaciones:

• ​Frecuencia: Los ajustes de precio solo podrán aplicarse de manera anual.
• ​Fórmula de actualización: El porcentaje de incremento se calculará promediando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Neuquén con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
• ​Transparencia: Queda expresamente prohibido el uso de bonificaciones engañosas, tasas abusivas o metodologías que distorsionen el precio acordado.

​Control ciudadano y cifras de la crisis habitacional

​Para garantizar la aplicación efectiva de la normativa, el proyecto prevé la creación de la Comisión Provincial de Seguimiento y Control de Locaciones Habitacionales, un órgano de contralor que estará integrado por representantes de la Federación de Inquilinos, organizaciones sociales y sindicatos.

​En los fundamentos de la medida, el legislador respaldó el reclamo citando datos de la Encuesta de Hogares, los cuales reflejan que el 30% de la población neuquina —más de 210.000 personas— vive en condición de alquiler.

Asimismo, remarcó que ante la escasez de loteos, créditos hipotecarios y vivienda social, sumados a la derogación de la legislación nacional, las familias de la provincia destinan hoy más del 50% de sus ingresos únicamente al pago del alquiler.

​»Si bien la solución definitiva requiere una política habitacional integral basada en la construcción y el acceso al crédito, la provincia debe ejercer sus facultades para defender el derecho a la vivienda y frenar los abusos», concluyó el diputado en el texto presentado.